El Registro Remoto Como Diligencia de Investigación Tecnológica de la Ciberdelin
Irene Gonzalez Pulido
La evolución de la tecnología y la expansión de Internet ha configurado complejos espacios cibernéticos que nos ofrecen múltiples ventajas, las cuales se presentan como oportunidades para los delincuentes. En este sentido, el ciberespacio se ha consolidado como un entorno que favorece múltiples actividades cotidianas, pero también como un contexto en el que se cometen ciberdeli...
La evolución de la tecnología y la expansión de Internet ha configurado complejos espacios cibernéticos que nos ofrecen múltiples ventajas, las cuales se presentan como oportunidades para los delincuentes. En este sentido, el ciberespacio se ha consolidado como un entorno que favorece múltiples actividades cotidianas, pero también como un contexto en el que se cometen ciberdelitos graves y complejos que atentan contra los servicios esenciales de los Estados o que pueden comprometer múltiples bienes jurídicos; entre los que podemos encontrar la vida, la integridad física, etc. De igual modo, las características del ciberespacio se presentan a los operadores jurídicos como obstáculos que dificultan la investigación y la represión de la ciberdelincuencia. Sin embargo, la evolución tecnológica también está siendo utilizada por las autoridades policiales y judiciales para subsanar las barreras tecnológicas existentes. En este sentido se han ido regulando las diligencias de investigación tecnológicas, habiéndose extendido la utilización de algunas de ellas, a nivel nacional e internacional, e incluso habiéndose convertido en la única vía para la investigación de nuevas amenazas. En los últimos años nuevas tecnologías disruptivas están apareciendo y se está experimentado un aumento de la ciberdelincuencia que no cesa. Debido a ello, se debe apostar por regular las diligencias de investigación tecnológicas más novedosas que permitan a autoridades policiales y judiciales realizar investigaciones eficaces; entre las que destaca el registro remoto previsto en el ordenamiento jurídico español. No obstante, se debe apostar por una previsión legal de calidad, con exhaustividad y que salvaguarde todas las garantías inherentes al proceso penal.
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