La Proteccion de Denunciantes: Propuesta de Regulacion para España Tras la Directiva Whistleblowing
Carmen Saez Lara
En los últimos años, las leyes sobre protección de denunciantes han aumentado a escala global. En el ámbito europeo, ha sido la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones de la normativa comunitaria, la que, partiendo de la posición privilegiada de las personas empleadas en cualquier organización para alertar sobre las amenazas o p...
En los últimos años, las leyes sobre protección de denunciantes han aumentado a escala global. En el ámbito europeo, ha sido la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones de la normativa comunitaria, la que, partiendo de la posición privilegiada de las personas empleadas en cualquier organización para alertar sobre las amenazas o perjuicios para el interés público, establece un protección frente a toda represalia, que tenga lugar en el contexto laboral, motivada por una denuncia o por una revelación pública. El objeto de esta monografía es formular propuestas para una futura regulación en España que, con base en la citada Directiva y en las recomendaciones que, tras analizar el marco comparado, se incluyen en este trabajo, se adecuen a nuestras tradiciones jurídicas y a las características de nuestro sistema de relaciones laborales. Además, no debemos olvidar las propias experiencias sobre protección de denunciantes ya existentes, tanto las fijadas en norma ti vas autonómicas, como las que son fruto de la autonomía colectiva y de las políticas de compliance empresarial. Sobre la base de estas premisas, son muchos los temas que deberá abordar la norma española de transposición de la Directiva, entre ellas, la admisión de los denunciantes anónimos, las empresas y entidades obligadas a establecer cauces internos, la definición de la autoridad competente para la denuncia externa o las medidas de protección de las personas informantes. Finalmente, hay que destacar la especial atención que se presta a la garantía del Derecho fundamental a la protección de datos en el diseño y la gestión de los sistemas o procedimientos de denuncia (interna y externa) que se arbitren.
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