La Transparencia Informativa de las Administraciones Públicas
La Transparencia Informativa de las Administraciones Públicas
Miguel Ángel Blanes Cliement
La experiencia adquirida por el autor -Doctor en Derecho-, durante sus veinticuatro años como funcionario de distintas Instituciones públicas -entre otras, letrado de la Diputación de Alicante y asesor jurídico del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana- constituye un excelente bagaje para escribir sobre «La transparencia informativa de las Administraciones públicas. El d...
La experiencia adquirida por el autor -Doctor en Derecho-, durante sus veinticuatro años como funcionario de distintas Instituciones públicas -entre otras, letrado de la Diputación de Alicante y asesor jurídico del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana- constituye un excelente bagaje para escribir sobre «La transparencia informativa de las Administraciones públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa». El presente trabajo de investigación analiza la situación legal y judicial existente en las principales democracias del mundo y en el ámbito de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea. Se trata, por tanto, de una poderosa herramienta para saber quién, cómo, cuándo, dónde y a qué tipo de información financiada con fondos públicos se puede acceder por parte de los ciudadanos. Y lo que es más importante: qué recursos administrativos y judiciales se pueden presentar cuando la información no es facilitada y cuáles son sus consecuencias disciplinarias, patrimoniales y penales. El trabajo examina con detalle la nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la normativa autonómica existente en la materia. Es objeto de especial estudio el acceso a la información sensible: adjudicatarios y coste final de los contratos públicos; datos urbanísticos y medioambientales; presupuesto y cuentas públicas; sueldos, dietas y viajes de los cargos electos y funcionarios; financiación de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales; listas de espera sanitarias y de vivienda; beneficiarios de subvenciones; publicidad institucional; los servicios públicos de interés general prestados por entidades privadas -telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios postales- y los concesionarios de servicios públicos -agua, residuos, transporte, sanidad- etc. La información que se resiste a ser publicada es toda aquella que permite a los ciudadanos controlar la gestión de los asuntos públicos, exigir la rendición de cuentas y denunciar casos de despilfarro o corrupción. El autor acuña el lema: «la transparencia es como la sinceridad: se exige la ajena y se limita la propia».
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https://www.troa.es/libro/la-transparencia-informativa-de-las-administraciones-publicas_763007763007La Transparencia Informativa de las Administraciones PúblicasLa experiencia adquirida por el autor -Doctor en Derecho-, durante sus veinticuatro años como funcionario de distintas Instituciones públicas -entre otras, letrado de la Diputación de Alicante y asesor jurídico del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana- constituye un excelente bagaje para escribir sobre «La transparencia informativa de las Administraciones públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa». El presente trabajo de investigación analiza la situación legal y judicial existente en las principales democracias del mundo y en el ámbito de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea. Se trata, por tanto, de una poderosa herramienta para saber quién, cómo, cuándo, dónde y a qué tipo de información financiada con fondos públicos se puede acceder por parte de los ciudadanos. Y lo que es más importante: qué recursos administrativos y judiciales se pueden presentar cuando la información no es facilitada y cuáles son sus consecuencias disciplinarias, patrimoniales y penales. El trabajo examina con detalle la nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la normativa autonómica existente en la materia. Es objeto de especial estudio el acceso a la información sensible: adjudicatarios y coste final de los contratos públicos; datos urbanísticos y medioambientales; presupuesto y cuentas públicas; sueldos, dietas y viajes de los cargos electos y funcionarios; financiación de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales; listas de espera sanitarias y de vivienda; beneficiarios de subvenciones; publicidad institucional; los servicios públicos de interés general prestados por entidades privadas -telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios postales- y los concesionarios de servicios públicos -agua, residuos, transporte, sanidad- etc. La información que se resiste a ser publicada es toda aquella que permite a los ciudadanos controlar la gestión de los asuntos públicos, exigir la rendición de cuentas y denunciar casos de despilfarro o corrupción. El autor acuña el lema: «la transparencia es como la sinceridad: se exige la ajena y se limita la propia». https://www.troa.es/imagenes/9788490/978849059397.webp114.00120.005.006InStockhttps://www.troa.es/imagenes/9788490/978849059397.webp1625121162444716235461615220161801116161161612601161280416126021610233
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