Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas
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Análisis teórico práctico de una norma novedosa y de alcance (Ley 8/2013, de 26 de junio) que afectará a Ayuntamientos (obligatoriedad de Inspección Técnica de Edificios, que se extiende a todos los Ayuntamientos y se convierte en el informe de evaluación de los edificios), a las Comunidades de Vecinos, a los Administradores de fincas, a Arquitectos u otros Técnicos facultativo...
Análisis teórico práctico de una norma novedosa y de alcance (Ley 8/2013, de 26 de junio) que afectará a Ayuntamientos (obligatoriedad de Inspección Técnica de Edificios, que se extiende a todos los Ayuntamientos y se convierte en el informe de evaluación de los edificios), a las Comunidades de Vecinos, a los Administradores de fincas, a Arquitectos u otros Técnicos facultativos con competencia, Colegios Profesionales.
Además, la Ley 8/2013 modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal y, de modo muy significativo, el texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. También modifica la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Código Técnico de la Edificación, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y a Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
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