Ley Enjuiciamiento Criminal

Prólogos.
ANTECEDENTES DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.
Ley de 11 de febrero de 1881, autorizando al Gobierno para que redacte y publique una Ley de Enjuiciamiento criminal, tomando por base la compilación de 1879 y las adjuntas, y autorizando igualmente al Gobierno para establecer los Tribunales de partido que hayan de conocer las causas criminales.
Ley de 15 de junio de 1882, modificando la segunda autorización concedida en la anterior (Ley de 11 de febrero de 1881) y facultando en su lugar al Gobierno para establecer los Tribunales colegiados con el nombre de Audiencias de lo criminal y el juicio que se acompañan.
Exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio.
Real Orden de 14 de septiembre de 1882, por la que se dan las gracias a la sección segunda de la Comisión de Codificación.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.
Libro I. Disposiciones generales.
Título I. Preliminares.
Capítulo I. Reglas generales.
Capítulo II. Cuestiones prejudiciales.
Título II. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal.
Capítulo I. De las reglas por donde se determina la competencia.
Capítulo II. De las cuestiones de competencia entre los Jueces y Tribunales ordinarios.
Capítulo III. De las competencias negativas y de las que se promueven con Jueces o Tribunales especiales y de los recursos de queja contra las autoridades administrativas.
Título III. De las recusaciones y excusas de los Magistrados, Jueces, Asesores y Auxiliares de los Juzgados y Tribunales y de la abstención del Ministerio Fiscal.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Capítulo II. De la sustanciación de las recusaciones de los Jueces de instrucción y de los Magistrados.
Capítulo III. De la sustanciación de las recusaciones de los Jueces municipales.
Capítulo IV. De la recusación de los auxiliares de los Juzgados y Tribunales.
Capítulo V. De las excusas y recusaciones de los Asesores.
Capítulo VI. De la abstención del Ministerio fiscal.
Título IV. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas.
Título V. Del derecho de defensa y de la asistencia jurídica gratuita en los juicios criminales.
Título VI. De la forma de dictar resoluciones y del modo de dirimir las discordias.
Capítulo I. De las resoluciones procesales.
Capítulo II. Del modo de dirimir las discordias.
Título VII. De las notificaciones, citaciones y emplazamientos.
Título VIII. De los suplicatorios, exhortos y mandamientos.
Título IX. De los términos judiciales.
Título X. De los recursos contra las resoluciones procesales.
Capítulo I. De los recursos contra las resoluciones de los Jueces y Tribunales.
Capítulo II. Del recurso de revisión contra las resoluciones de los Secretarios judiciales.
Título XI. De las costas procesales.
Título XII. De las obligaciones de los Jueces y Tribunales relativas a la estadística judicial.
Título XIII. De las correcciones disciplinarias.
Libro II. Del sumario.
Título I. De la denuncia.
Título II. De la querella.
Título III. De la Policía judicial.
Título IV. De la instrucción.
Capítulo I. Del sumario y de las autoridades competentes para instruirlo.
Capítulo II. De la formación del sumario.
Título V. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente.
Capítulo I. De la inspección ocular.
Capítulo II. Del cuerpo del delito.
Capítulo II bis. De la destrucción y la realización anticipada de los efectos judiciales.
Capítulo III. De la identidad del delincuente y de sus circunstancias personales.
Capítulo IV. De las declaraciones de los procesados.
Capítulo V. De las declaraciones de los testigos.
Capítulo VI. Del careo de los testigos y procesados.
Capítulo VII. Del informe pericial.
Título VI. De la citación, de la detención y de la prisión provisional.
Capítulo I. De la citación.
Capítulo II. De la detención.
Capítulo III. De la prisión provisional.
Capítulo IV.
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